Pensiones alimenticias amañadas

Por: Rogelio Antonio Córdova Ciertos juzgados de familia aplican exageradas pensiones alimenticias que no van acordes con el salario de la persona que es requerida para contribuir con las necesidades básicas del niño. A personas de pocos ingresos económicos se les aplica una exagerada carga que le priva de una oportunidad de fundar otra familia, a la cual tiene derecho como cualquier ciudadano de este país. Pero hay otra cara de la moneda: a personas de alto poder adquisitivo, ricos, millonarios o casi, se les impone una escuálida pensión alimenticia a favor de sus hijos. La tendencia, favorecer al que más tiene y ensañarse con el pobre, el cual debe quedarse casi sin dinero para su sustento, parece ser la norma. Un millonario puede comprar conciencias y poner todo a su favor, sin ningún escrúpulo. A pesar de su dinero, se le asigna una pensión irrisoria. Son los desajustes de la justicia, la infamia de un sistema que funciona con antivalores. Si a un hijo de un poderoso le ponen una pensión de 3 mil dólares mensuales, es lógico suponer que si son tres (3) los hijos, esa cantidad sea triplicada a favor del conjunto de los niños.

No obstante, ese poderoso señor seguramente recibirá el beneficio de "un buen trato" por parte de las autoridades y convendrán dar a los niños afectados una pensión muy inferior a la que debe dar. Quiero ahora referirme a un caso real. Pondremos el nombre ficticio de un trabajador que no es rico; le llamaremos Roberto, el cual devenga un salario de 600 balboas. El Juzgado de Familia falló su caso de pensión alimenticia haciendo que este trabajador diera como pensión alimenticia para un niño (que finalmente resultó que no era suyo), la suma de 150 balboas mensuales. Sin contar el retroactivo. No se tomó en consideración que Roberto tenía otro hijo de un matrimonio anterior; casa hipotecada, teléfono residencial, Internet que ya no pudo pagar. En fin, fue privado de sus derechos económicos e individuales y de la posibilidad de tener una nueva relación familiar. Agobiado por la situación, Roberto toma la decisión de ordenar una prueba de paternidad. Transcurrieron casi dos años y medio. Al fin los resultados: NEGATIVO. Cero por ciento de probabilidades. Roberto actuó legalmente y le quitaron el apellido al niño, que dicho sea de paso, tiene a su padre biológico, el cual, antes de tener relaciones con la demandante de pensión, le había advertido que se había hecho una vasectomía por lo que no puede concebir hijos. Falso… Tiene a su 'come arroz' esperando que le pase lo que por ley merece. Esta señora que le gusta tejer cosas raras con eso de hacer lobby en los juzgados de familia, ahora tendrá que enfrentar cargos. Tendrá que devolver a Roberto hasta el último centavo que le arrebató quincena tras quincena. Más de 10 mil balboas, toda vez que privó de sus derechos al verdadero hijo de Roberto. Este sencillo panameño podrá finalmente contribuir económicamente a resolver las necesidades de su nueva relación. ¡Dios es grande!