La corrupción atenta contra los derechos humanos

Los delitos de corrupción atentan contra los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, dijo Annette Planells, del Movimiento Independiente (MOVIN), quien sostuvo que son graves y deben estar contemplados en nuestra legislación, ya que hasta muertes han causados como es el caso del jarabe maldito “dientilenglicol”.

Lamentó que casi todos los delitos de corrupción investigados terminaron en prescripción, como el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), el caso de PECC, por presuntos pagos de coimas a la Autoridad Marítima de Panamá en Estados Unidos, mientras que en Panamá no se ha investigado nada porque prescribió, de igual forma como los escándalos en la administración de Ricardo Martinelli que ya prescribieron (bahía Honda).

Las declaraciones de Planells se produjeron en el marco de la aprobación en primer debate hoy 16 de enero en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, del proyecto de Ley 514, referente a la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

“En este momento la confianza ciudadana en todas sus instituciones está en el nivel más bajo de la historia y eso es un peligro, lo hemos visto en los enfrentamientos en las calles, las manifestaciones en las calles, el descontento que hay”, expresó Planells.

Planells señaló que en los caso de corrupción tienden a tener personas infiltradas dentro de las mismas instituciones y es por ello que se hace muy difícil la investigación, por cuanto a que van atrasando con recursos que al final da con la prescripción que es la herramienta utilizada para la impunidad.

“Tenemos que enviar un mensaje clarísimo que los actos de corrupción no van a quedar impunes”, puntualizó Planells.

En el proyecto de Ley se mantienen dos vertientes que serán discutidos en segundo debate en la Asamblea Nacional, una que impide la prescripción de los delitos y otra que le imprime un amplio plazo para que los delitos puedan ser investigados.

De acuerdo con la diputada Ana Matilde Gómez, hasta el momento los plazos para perseguir, erradicar y sancionar los delitos son ridículos.

Para el procurador de la Administracion, Rigoberto González, los delitos de corrupción no deben prescribir.

Los períodos de prescripción serían de doce años como mínimo hasta 30 en los casos graves para que pudiera aplicarse la acción penal, indicó el diputado Quibián Panay.